Reflexión sobre el conflicto con el campo

Alperovich lo explicó sin tapujos: la Nación necesita sacarle plata al campo para pagar la deuda externa. Hay U$S 9.000 millones de vencimientos este año; a U$S 4.000 millones los sacará refinanciando la deuda con la Anses y con las AFJP. ¿Cómo paga los otros U$S 5.000 millones, si no hay crédito? Con el superávit, que es lo que ingresa menos lo que se gasta; y parte de ese superávit está dado por la retención a la soja. Así de clarito había expuesto el gobernador el 26 de marzo, en pleno paro agropecuario, un día después de que los sojeros tucumanos lo criticaron por haberse puesto del lado de la administración central y de espaldas al sector productivo. Siete semanas han pasado desde aquellas declaraciones sin que Cristina de Kirchner ni sus funcionarios hayan detallado las verdaderas razones de la última suba de las retenciones (en el caso de la soja alcanzan el 44,1%) y del esquema de movilidad, que establece que este impuesto subirá o bajará de acuerdo con la variación de los precios internacionales de cada cereal.

Que sirven para distribuir la riqueza. Primera mentira. El país crece gracias a la demanda internacional de commodities que la Argentina produce y al tipo de cambio que permite un extraordinario ingreso de capitales por todas las vías. Pero la matriz distributiva sigue siendo la misma que la de los 90: el derrame. Y, en este sentido, está claro que las retenciones propician una mayor concentración de la riqueza en pocos actores. Más genuino sería expropiar tierras y distribuirlas entre los que menos tienen; y dejar de subsidiar a las grandes corporaciones alimenticias con el dinero de los pequeños productores. ¿Por qué no al revés: aplicarles retenciones a estas y subsidiar a los agricultores para que produzcan más?

Que son necesarias para frenar la inflación. Segunda mentira. Las retenciones se aplican desde 2002, cuando se salió del 1 a 1, y el Estado nacional requería urgentemente fondos para sanear las finanzas públicas, en medio de la peor crisis económica que haya sufrido el país. Desde entonces, la economía ha crecido más del 45% y los precios alconsumidor han aumentado más del 150% (siempre según el Indec). La gente siente que cada vez le alcanza menos la plata.

El primer problema en este conflicto nacional -y en muchos otros más, sin dudas-, es que este Gobierno no transparenta sus propósitos y traslada asuntos públicos de cualquier índole al plano político. Resulta incomprensible que la Presidenta (¿o Néstor Kirchner?) haya llevado al extremo la pelea con el campo, inclusive a costas de una pronta e inesperada caída de su consideración en la sociedad (ganó la Presidencia con el 44% de los votos y hoy, faltándole tres años de mandato, su imagen positiva alcanza con suerte el 30%), cuando podía haberlo solucionado mucho antes. Bastaba con explicarles a las entidades ruralistas la necesidad de caja y ofrecerles una propuesta para bajar la alícuota de las retenciones, o bien, modificar el esquema de movilidad. Esa es la madre del borrego, aunque también -hay que decirlo- fue la gota que rebasó el vaso en medio de una ausencia total de política agropecuaria. En verdad, la única política agropecuaria de este Gobierno y de su falso modelo productivo consiste en sacarle dinero al campo para sostener el superávit. Y los que más pierden son los pequeños productores. Para los grandes son apenas rasguños. A esta altura, no se entiende cómo sigue en funciones el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza.

Mientras la administración central busca enceguecidamente más dinero, crece la deuda externa y aumenta el gasto público improductivo; y no sería descabellado pensar que también se incrementa la pobreza, si se tiene en cuenta la suba del valor de la canasta básica. Además, el país pierde terreno en la carrera internacional de los países emergentes por propiciar la radicación de inversiones de peso que, en definitiva, constituyen, al menos en el caso argentino, la solución ideal para la suba del costo de vida y para la crisis energética (otro grave problema). En efecto, según un informe de la Comisión Económica para América Latina yel Caribe (Cepal), la inversión extranjera directa alcanzó el año pasado un récord de 106.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe, pero la Argentina no figuró entre los más elegidos, con 5.720 millones de dólares. Durante 2007, los países preferidos por los inversores fueron Brasil (con 34.585 millones de dólares), seguido por México (23.230 millones), Chile(14.457 millones) y Colombia (9.028 millones).

El Gobierno nacional siempre tuvo la llave para solucionar el conflicto con el campo. Pero optó por dilatarlo absurdamente, mientras la economía entró en una desmejora, producto, en buena parte, de la incertidumbre que se extendió durante estos días. Eso sí: apura el proyecto de construcción del tren bala, que seguramente ubicará al país en la cresta internacional de la modernidad.